La FEMP propone un paquete de enmiendas a los PGE para que los Gobiernos Locales puedan afrontar 2011 con garantías
El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha explicado que estas medidas se presentan en el marco de los objetivos de reducción del déficit público y de la senda de consolidación fiscal, así como de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con la sostenibilidad de sus finanzas públicas, plasmados en el Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010- 2013, por lo que en ningún caso implican aumentar el déficit público de las Entidades Locales.
La FEMP ha remitido las propuestas de enmiendas al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios y ha solicitado reuniones urgentes con los todos los portavoces políticos del Congreso de los Diputados.
Las propuestas de la FEMP tienen que ver con la refinanciación de la deuda y las operaciones de crédito a largo plazo, la elevación de las entregas a cuenta de la participación de las Entidades Locales en los ingresos del Estado (PIE), la subvención destinada a garantizar los servicios sociales básicos que prestan los Ayuntamientos y el Fondo Especial para los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Por otra parte, la FEMP considera necesario que se habiliten medidas complementarias que permitan a los Ayuntamientos afrontar la financiación del gasto corriente durante los próximos meses y de esta forma dar una solución a la situación de falta de liquidez que dificulta el cumplimiento de sus compromisos de pago a proveedores.
Entregas a cuenta de la PIE
Una de las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos redactadas por la FEMP pretende la elevación del 95 al 98% de las entregas a cuenta de la participación en los ingresos del Estado de cada año correspondientes a Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.
En todo caso, la FEMP solicita al Gobierno que al menos, con carácter excepcional, en el tercer trimestre de 2011 se efectúe un anticipo de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva del año 2010.
Esta medida permitiría a las Entidades Locales disponer en 2011 de un anticipo del 3% -unos 372 millones de euros- y absorber, de esta forma, el saldo que tienen que devolver al Estado –unos 302 millones- por la liquidación negativa de 2008. En otras palabras, dotaría de liquidez a las haciendas locales para hacer frente a las devoluciones de los saldos deudores en 2011 y 2012 y, de paso, amortiguaría su delicada situación financiera.
La FEMP ha tenido en cuenta, para formular esta propuesta, las expectativas de crecimiento de los ingresos del Estado en 2010 y por tanto la previsión de que la liquidación de la PIE de este año será favorable a las Entidades Locales. También argumenta que, al contrario que en el caso de las Comunidades Autónomas, esta medida no requiere de una modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Refinanciación de la deuda
Respecto a la refinanciación de la deuda, la FEMP propone un régimen jurídico que posibilite la formalización de operaciones de crédito a largo plazo por un importe equivalente a las amortizaciones del ejercicio. Aunque la condición para concertar nuevas operaciones de crédito sea que el volumen total del capital vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes, la enmienda introduce la siguiente excepción: “salvo que se trate de sustituir operaciones hasta un límite del 80% del capital a amortizar en el ejercicio 2011”.
En cuanto a la las operaciones a corto plazo, concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación, la FEMP solicita que se puedan cancelar con vencimiento posterior al 31 de diciembre de cada ejercicio, siempre que no excedan del plazo de un año.
Plan Concertado
La FEMP pide que los Presupuestos de 2011 no recorten la cuantía destina a los Ayuntamiento dentro del Plan Concertado que financia los servicios sociales municipales y que garantiza las prestaciones básicas que reciben los ciudadanos en peor situación económica. En los Presupuestos de 2010 el dinero dedicado a este fin fue de 97,2 millones de euros. En los PGE de 2011 se ha reducido hasta los 85,8 millones.
Esta cantidad que el Ministerio de Sanidad y Política Social detrae del Plan Concertado es una partida finalista que debe ir a las Corporaciones Locales y que nace del pacto estatal firmado por el Ministerio y las Comunidades Autónomas, con 22 de años de trayectoria. La FEMP argumenta que los Ayuntamientos son los que tendrán que soportar la presión de sus ciudadanos en situación de especial necesidad y que, por tanto, tendrán que asumir el coste de los servicios, en unos momentos en los que ya de por sí tienen que sufrir las consecuencias de su limitada financiación.
La reducción del Plan Concertado implicará, a juicio de la FEMP, un perjuicio a las personas más vulnerables y también la pérdida de empleo. En concreto, la pérdida de casi mil plazas de alojamiento para personas sin hogar y de unos 500 puestos de trabajo de profesionales de los servicios sociales, además de otros mil puestos de trabajo de auxiliares de hogar en el servicios de Ayuda a Domicilio.
Fondo para pequeños municipios
La FEMP pide que el Fondo Especial para municipios de menos de 20.000 habitantes garantice la misma financiación que la prevista en los Presupuestos de este año, es decir a razón de 165 euros por habitante de estos municipios. Esto quiere decir que dicho Fondo debería ascender a 50 millones de euros. En el Proyecto de Ley ahora en tramitación en el Congreso, está fijado en 45 millones.
Inversiones y obras de la Cooperación Local
El Proyecto de Ley de Presupuestos contempla una partida de 83,6 millones de euros, con cargo al Programa de Cooperación Económica Estatal del Ministerio de Política Territorial, destinada a las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares para la financiación de obras en los municipios. La FEMP quiere que esta aportación del Estado se mantenga en los mismos términos que en el año 2010, con un importe de 94,6 millones
Tasa de reposición
Finalmente, la FEMP demanda que no se aplique la limitación de la tasa de reposición de personal a los Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes y que, en el caso de la cobertura de plazas en la Administración Local para los servicios de prevención y extinción de incendios, aplicación de la ley de dependencia y policía local, el límite máximo sea del 100% de la tasa de reposición.
Detrás de esta petición subyace la preocupación por los graves perjuicios que puede acarrear a la Administración Local la aplicación de la referida tasa de reposición, sobre todo en el mantenimiento de servicios esenciales como los servicios sociales o el personal de emergencias. En concreto, el nivel de deterioro de los servicios públicos es mayor cuanto más pequeño es el municipio, por contar con plantillas escasas en las que será casi imposible la sustitución de nuevos efectivos para cubrir las bajas que puedan producirse.