FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

A la luz de estos criterios, el Libro Blanco analiza su reflejo en la normativa vigente que desarrolla el planeamiento urbanístico en España para detectar las diversas estrategias que permitan reducir la insostenibilidad y favorecer su traslación a ámbitos concretos de actuación. De ese estudio, se puede extraer las siguientes conclusiones:

• Destaca el tratamiento amplísimo por parte de todas las CC.AA. de los criterios relativos a las actuaciones sobre el entorno de la ciudad (preservación de los ecosistemas, el respeto al paisaje y la reducción en el consumo de suelo). También sobresalen los criterios relacionados con fomentar la transparencia administrativa y el acceso a la información, si bien el gran ausente es la participación activa de los ciudadanos en la toma de las decisiones estratégicas o en la aprobación de los Planes Urbanísticos.

• Por el contrario, las referencias legislativas son ocasionales en otros bloques:
  • Cohesión social. Es un bloque escasamente regulado. Se legisla acerca del momento del acceso a la vivienda y la identificación de la población con su entorno (mediante la protección del patrimonio) pero aspectos tan relevantes como mejorar la oferta de equipamientos y servicios en cada barrio y fomentar la mezcla de usos en cada uno de ellos, permitiendo lo que se llama "las actividades de proximidad" para los vecinos, son casi inexistentes en la mayoría de las normas autonómicas.
  • Criterios de actuación en suelo urbano. Pese a estar asumido en Europa un modelo de ciudad compacta y compleja, las CC.AA. no plasman esta idea en su legislación, salvo por lo que se refiere a sub-criterios puntuales como el fomento de la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas y la exigencia de estándares mínimos de zonas verdes, equipamientos y servicios públicos.
  • Criterios de actuación en temas de transporte. La legislación autonómica hace hincapié en la reducción del tráfico motorizado privado para favorecer el uso del transporte público. Sin embargo, están menos regulados aspectos importantes como la construcción de redes peatonales y ciclistas, aumentar el espacio disponible para el peatón o reducir la velocidad del tráfico motorizado privado.
  • Criterios de actuación en cuanto a recursos naturales. Las mayores referencias legislativas se refieren a optimizar y reducir el consumo de energía y de los recursos naturales (básicamente el agua) y fomentar el uso de energías renovables. Sin embargo, no se desarrolla con la misma intensidad la necesidad de adaptar los edificios a condiciones bioclimáticas, utilizar materiales reciclables en la construcción o fomentar el uso compartido de las galerías de servicios (para gas, electricidad, telefonía, etc.), reducir las pérdidas de energía en las redes de difusión, etc.
  • Tratamiento de residuos. Este bloque está más desarrollado legislativamente, destacando principalmente la reducción de vertidos contaminantes y de los residuos por medio de su gestión así como el fomento del reciclaje y la reutilización.

Decálogo para un urbanismo sostenible

El Libro Blanco incluye un decálogo, que reúne las propuestas clave para conseguir un planeamiento urbano más sostenible. Se trata de unas recomendaciones generales en los siguientes frentes:

• Promover el uso eficiente de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado que enfrenta viviendas sin uso a personas sin vivienda. Es necesario promover el equilibrio en el sector inmobiliario, incentivando la rehabilitación y utilizando parte del stock de inmuebles para aumentar el parque de vivienda asequible
• Vincular la legislación urbanística con la ambiental, es decir, el planeamiento urbanístico y la perspectiva medioambiental.
• La ruptura del nexo que une el planeamiento urbanístico con el derecho de propiedad. El Plan no es un instrumento para distribuir los valores monetarios del suelo, sino para fijar estrategias de futuro en las ciudades. Esto ayudará a luchar contra la especulación y la corrupción.
• Hacer depender la gestión de los Planes no sólo del estricto ámbito territorial (regional o local), sino de todas sus afecciones socioeconómicas y ambientales, así como dotarse de ámbitos administrativos mucho más flexibles que los que tenemos.
• Relacionar de verdad la planificación territorial y la urbanística y conseguir una implicación y participación ciudadanas reales.
• Cambiar determinadas características de los Planes, entre ellas el horizonte temporal tan corto de ocho o diez años, para lograr objetivos de sostenibilidad global a largo plazo, como el cambio climático.
• Hacer un verdadero seguimiento de la ejecución de los planes en relación con los cambios producidos en el territorio. Los observatorios territoriales deberían ser cruciales aquí, y además de su contenido analítico y descriptivo, deberían añadir cierta capacidad de decisión.
• Recuperar la pérdida de la conciencia ciudadana y del interés de éstos por participar en el diseño y en el futuro de las ciudades, más que en concretas operaciones urbanísticas. Ayudar con información, educación, campañas de difusión e incentivos de participación.
• Utilizar indicadores y criterios de sostenibilidad comúnmente aceptados en el planeamiento urbanístico.
• Necesidad de cambiar el modelo inmobiliario español, claramente insostenible y poco habitable. Lograr el necesario acuerdo de todas las Administraciones Públicas para conseguirlo.