FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
Consejo de Ministros. Creado un órgano independiente para resolver recursos contra la adjudicación de contratos públicos
El Gobierno remitirá a las Cortes el Proyecto de Ley de Modificación de las Leyes de Contratos del Sector Público que prevé la creación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, encargado de resolver los recursos interpuestos contra actos de entidades vinculadas a la Administración General del Estado. El Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de 70 millones de euros para la acogida e integración de inmigrantes, y la incorporación de deportistas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La nueva norma regula la naturaleza y características de los órganos independientes que deberán resolver los recursos que interpongan los particulares contra los actos de las entidades adjudicadoras dentro de los procesos de adjudicación de contratos públicos, tanto si éstas se integran en el sector público, como si son entidades privadas que gozan de derechos especiales o exclusivos y operan en los sectores del agua, la energía, los transportes o los servicios postales.
En el marco de lo establecido por la Directiva europea, las Comunidades Autónomas podrán regular un órgano propio para resolver los recursos que se planteen en sus propios procesos de contratación, si bien el Proyecto de Ley también permite la posibilidad de que encomienden voluntariamente la resolución de los mismos al Tribunal Administrativo Central. En el caso de las Corporaciones Locales, las reclamaciones derivadas de sus procesos de contratación se resolverán, o bien en los órganos autonómicos constituidos a tal efecto, o bien en el Tribunal Administrativo Central si la Comunidad Autónoma así lo decidiera.
El Tribunal se encargará, tanto de resolver los recursos que se interpongan contra las decisiones de las entidades adjudicadoras de contratos, como de adoptar las medidas provisionales que sean necesarias respecto del procedimiento de adjudicación durante el periodo de resolución de los mismos.
Acogida e integración de inmigrantes
El Consejo de Ministros ha acordado formalizar los objetivos y la distribución del crédito presupuestario de setenta millones de euros del Fondo de Apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos, de conformidad en lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
Esta dotación financiará las actuaciones que realicen las Comunidades Autónomas para fomentar el desarrollo de políticas de integración de las personas inmigrantes en los ámbitos siguientes: acogida; integración en los ejes de empleo vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualdad de trato, mujer, participación, sensibilización y desarrollo; y refuerzo educativo.
El papel de las Administraciones Públicas en el ámbito de las políticas de integración de los inmigrantes viene delimitado por la Constitución Española, que atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de inmigración y a las Comunidades Autónomas y entidades locales, competencias en áreas clave para la integración, tales como el empleo, la educación, la salud, los servicios sociales o la participación cívica.
Criterios de distribución:
- 41.208.600 euros para Acogida e Integración.
- 27.472.400 euros para Refuerzo Educativo.
- 1.319.000 euros para Atención a menores extranjeros no acompañados en el marco del Programa especial para la atención de menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias.
Deportista de alto nivel en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula y valora la condición de los deportistas de alto nivel como mérito para acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este acuerdo está directamente relacionado con uno de los objetivos de la Ley del Deporte, que establece una serie de medidas para permitir a los deportistas de alto nivel una fácil incorporación al mercado laboral durante su carrera deportiva y al final de ésta. Por otro lado, el Real Decreto de 13 de julio de 2007, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, sienta las líneas fundamentales del reconocimiento de este mérito para todas las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales) y otras instituciones públicas.
El Real Decreto tiene como objetivo concretar esta medida para el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unificando los criterios de valoración del mérito en los ámbitos de la Policía y la Guardia Civil. Además, establece un baremo que se aplicará en las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía y al Cuerpo de la Guardia Civil en las que esté prevista la valoración de méritos y en la provisión de puestos de trabajo en ambos Cuerpos.
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