FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, el pasado 21 de mayo la representación local que ha participado en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), presidida por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

En este encuentro, el Ministerio ha presentado a la delegación de la FEMP un nuevo redactado del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se han incluido parte de las alegaciones remitidas por la FEMP al redactado original y que, a juicio del Presidente de la FEMP, representa “un avance sustancial sobre la anterior propuesta del Gobierno” ya que incorpora modificaciones muy importantes sobre los aspectos más controvertidos de la misma, especialmente, en materia de competencias impropias y de eliminación de duplicidades.

 

Pese a todo, en el texto final persisten algunos puntos de desacuerdo, aunque, según el Presidente de la FEMP “tenemos confianza en que el proceso continúa vivo y, por tanto, tenemos tiempo para seguir hablando de los aspectos que aun no están cerrados”.

 

El texto será remitido al Consejo de Estado y posteriormente al Consejo de Ministros para iniciar, en una fase posterior, su tramitación parlamentaria. Desde la FEMP, ha dicho De la Serna, “la negociación se ha llevado adelante en el marco de la lealtad institucional y ha contado con la flexibilidad y comprensión por parte del Gobierno”. Y aseguró que “tenemos el mismo espíritu de colaboración para seguir trabajando desde la reivindicación y la defensa de la autonomía local”

 

Avances en materia competencial

Uno de los ámbitos de acuerdo ha sido el competencial. Según ha detallado en su intervención ante los medios, en materia de servicios sociales, la FEMP ya había conseguido que una parte de estos servicios fueran a parar a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, existía una preocupación social por la desaparición de los servicios en el caso de que las Autonomías no asumiesen su desempeño. Esta cuestión ha quedado resuelta ya que el nuevo texto incluirá una clausula en virtud de la cual, si al cabo de un año la Comunidad Autónoma no presta el servicio, será el municipio quien lo asuma, a coste estándar, con la garantía del Estado de que el dinero por su asunción va a fluir desde la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento.

En materia de educación, el Ministerio ha emplazado el cumplimiento de las demandas de la FEMP a la negociación del futuro sistema de financiación autonómica (previsto para 2014). Hasta ese momento los municipios se encargarán de cubrir los servicios como hasta ahora y después pasarán a ser prestados definitivamente por las CCAA.

 

El Presidente también hizo una valoración positiva sobre cómo se ha resuelto en el texto la forma de gestionar las competencias entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos. A partir de ahora, “si prestamos un servicio delegado de las CCAA vamos a recibir el 100% de la financiación, asegurada por el Estado y durante al menos cinco años”, lo que calificó como “una garantía de estabilidad en la prestación de servicios públicos”.

 

Desde el Gobierno también se asumió otra propuesta de la FEMP: que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan también prestar servicios delegados por las CCAA.

 

Eficiencia en la prestación de servicios

Los municipios comparten el objetivo de ser más eficientes. Sin embargo, a la hora fijar un coste estándar –el valor que determina la eficacia económica de un servicio- la FEMP pedía que éste se fijase de acuerdo con ellos: “para nosotros es fundamental, y no figura en la ley, que este coste estándar sea fijado por acuerdo con los municipios, es decir, en la FEMP dentro de la CNAL”, dijo el Presidente. El Ministerio ha asegurado que así va a figurar en el contenido de la ley.

En cuanto al periodo de adaptación al citado coste, la FEMP ha pedido que sea lo suficientemente amplio para permitir a los municipios ajustarse al mismo.

Uno de los puntos más relevantes mencionados por De la Serna ha correspondido a la prestación de servicios por parte de las Diputaciones. Cuando los municipios hayan de ceder a las Diputaciones la prestación de servicios por no poder ajustarse ellos mismos a su gestión a coste estándar, debería ser posible que éstos pudiesen hacer un seguimiento de la citada prestación. La solución es el Consejo de Alcaldes, un órgano en el que los ediles tengan oportunidad de conocer cómo han de prestarse todos esos servicios y que, según anunció el Ministerio, se creará en el marco de la nueva normativa.

 

Intervención de los Ayuntamientos

En este punto, uno de los más polémicos, la Ley preveía que en determinadas circunstancias el Gobierno intervendría los municipios de menos de 5.000 habitantes “y esto generaba una verdadera alarma entre los pequeños municipios”. A este respecto el Gobierno ha señalado que este artículo desparece del texto y que las obligaciones a cumplir por estos Consistorios serán las contenidas en la ley de estabilidad presupuestaria, sin necesidad de criterios más exigentes.

Sobre el papel de los interventores, el texto modificado responde afirmativamente a las alegaciones de la FEMP, en la medida que prevé que éstos tendrán que dedicarse sólo a controlar y fiscalizar el gasto y la gestión económico-financiera y presupuestaria. “Otro tipo de cuestiones –dijo De la Serna- corresponden a órganos políticos, las cuestiones de oportunidad las han de resolver los equipos de gobierno”.

 

Retribuciones

El nuevo texto contemplará la posibilidad de que, a través de una dedicación parcial o cualquier otra figura, los Alcaldes de municipios con menos de 1.000 habitantes puedan recibir una retribución.

Sobre directores y coordinadores generales de los Ayuntamientos, el texto anterior preveía que debían ser funcionarios. La FEMP pedía en sus alegaciones que no fuese así, y este punto también se ha aceptado y será modificado.

Finalmente, el Gobierno ha trasladado a la FEMP que no habrá recortes en los salarios de los empleados públicos locales y que, en todo caso, no recibirán tratamiento diferente al resto de los empleados de otras Administraciones.

Asimismo, se ha comunicado la incorporación a la norma de las singularidades específicas del régimen foral de País Vasco y Navarra, Ceuta y Melilla, Madrid y Barcelona.

 

Desacuerdo

En cuanto a los puntos sobre los que todavía no se ha alcanzado acuerdo, uno de ellos es análisis sobre la eficiencia de los servicios públicos en los municipios: La FEMP pedía que el análisis se limitase a Ayuntamientos que no cumpliesen con la ley de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha manifestado que el análisis se haría sobre todos los municipios.

Otro de los aspectos que aun no se ha cerrado es el relativo a la supresión de las licencias municipales de actividad. La FEMP insiste en mantener su exigibilidad, porque hay cuestiones que la hacen necesaria en ciertos casos, y no basta con una declaración responsable. El Ministerio defiende su supresión en aras de favorecer la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo