FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad remitido a Cortes recoge cuestiones contempladas en el dictamen del Consejo de Estado. Según ha destacado el Ejecutivo, la nueva Ley tiene cuatro objetivos: clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras Administraciones, racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local sobre la base de la eficiencia y el equilibrio presupuestario, garantizar un control, financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras. Según los cálculos del Ejecutivo, la aplicación de la normativa puede representar un ahorro superior a los 8.000 millones de euros.

Así, la nueva normativa define tanto las competencias propias como las delegadas, que corresponden a la Administración Local. Y añade que tan sólo cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, sea sostenible financieramente y no incurran en duplicidad, los Ayuntamientos podrán prestar otros servicios no obligatorios. La delegación de las competencias desde otra Administración para prestar estos servicios siempre ha de realizarse por convenio e ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual, con una cobertura del cien por cien del servicio y su cobro garantizado.

En lo relativo a racionalización de la estructura de la Administración Local, se aplican los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, lo que supone, entre otras cuestiones, una potenciación de las Diputaciones Provinciales –podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios menores de 20.000 habitantes, por ejemplo- y la obligación para las Entidades Locales menores de presentar sus cuentas ante el Estado y las CCAA antes de tres meses. Asimismo se incentivará la fusión voluntaria de municipios, la gestión coordinada de servicios municipales y se aumentarán las trabas a la creación y escisión de municipios.

Se revisará en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes y, en aras a la transparencia de la gestión pública local, se trata el régimen retributivo de los cargos públicos, fijando como criterios la población y las retribuciones que reciben los Secretarios de Estado. El número de cargos representativos también se limita en función de la población y se consagra la profesionalización de los empleados públicos locales, mediante la preferencia de funcionarios de carrera, para los que se reserva el desempeño de los puestos de coordinadores generales y directores generales.

De cara a garantizar un control financiero más riguroso, el texto aprobado por el Consejo de Ministros refuerza la función interventora en las entidades locales respecto a su función fiscalizadora y de comunicación de información con carácter anual al Tribunal de Cuentas; se habilita al Gobierno para establecer normas sobre los procedimientos de control.

En cuanto al coste efectivo de los servicios, todas las Entidades Locales deberán publicarlo en un plazo de tres meses. Este criterio, que sustituye al anterior “coste estándar”, está avalado por la mejora que los Ayuntamientos han arrojado en sus cifras económicas, ya que la mayor parte de ellos cerraron el último ejercicio en equilibrio presupuestario o con superávit.

Y en materia de cumplimiento con la estabilidad presupuestaria, se añade como contenido mínimo del Plan Económico-Financiero de las Entidades Locales que estén en déficit, la supresión de sus competencias impropias, de entidades locales menores, incluir una propuesta de fusión con otro municipio y gestionar de forma integrada diferentes servicios para lo que contarán con la asistencia de las Diputaciones.

Finalmente, el Ejecutivo señala que el texto incorpora medidas liberalizadoras orientadas a favorecer la actividad económica del municipio, tales como la no exigencia de licencia –salvo en casos en los que ésta esté plenamente justificada-, y la supresión de monopolios como lonjas y mercados.