FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha pedido nuevamente la paralización de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) para evitar que el próximo 1 de enero más de “2,5 millones de personas en España se queden sin asistencia social, sin políticas sociales, sin la atención a la que tienen derecho como ciudadanos y que prestamos los Ayuntamientos”.

Así se ha manifestado esta mañana en Vigo, la ciudad de la que es Alcalde, ante los medios de comunicación, a quienes ha recordado, además, que la ley aprobada en 2013, elimina las competencias de políticas sociales de los Ayuntamientos y las pasa a las Comunidades Autónomas, que no van a asumirlas, y para eso “sólo queda un mes y siete días”.

Abel Caballero ha recordado que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, remitió una carta indicando que la norma no entraría en vigor hasta que no estuviese cerrado un sistema de financiación autonómica y local. Pero, ha insistido Caballero, no es suficiente garantía: “una carta del Secretario de Estado y un informe del abogado del Estado dicen que la ley no entrará en vigor; pero también tengo la visión de los interventores municipales que dicen que quién lo va a decidir es cada uno de esos miles de interventores que hay en España”. De ahí su demanda de que la derogación quede recogida en un decreto porque “queremos el 100% de garantías”.

El Presidente añadió que cuestiones como becas de comedor, ayuda en el hogar, ayudas para el alquiler de viviendas, suministros energéticos o alimentación dejaran de prestarse. Y también acabarán otros como los de respiro familiar en atención a dependientes; programas de mayores y centros de día, teleasistencia, albergues o  atención a mujeres víctimas de violencia de género, entre otros. “Va suponer un gran impacto”, ha dicho, y por eso, mañana, en la reunión que va a mantener la Junta de Gobierno de la FEMP, solicitará la unanimidad para pedir  que la Ley no entre en vigor.

Según ha explicado, el paso siguiente será pedir la derogación esta “ley desalmada”, que se encuentra en fase de tramitación en el Tribunal Constitucional, donde fue recurrida por 3.000 Alcaldes, pero “sabemos que el proceso jurídico es lento y que, por tanto, la solución no vendrá por ahí antes del 1 de enero”. Por ello, anunció que pedirá su derogación al Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre porque, según explicó, existe un compromiso de todos los partidos políticos que se encontraban en la oposición de que “si gobiernan, derogan la ley, porque es brutal y de tremendos recortes sociales”.