FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Las repercusiones de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el transporte público es el principal argumento de la Jornada celebrada en la FEMP para explicar los últimos cambios legislativos que afectan a este sector.

La Jornada, organizada por la FEMP y ATUC, la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos, ha sido inaugurada por el Secretario General de la Federación, Ángel Fernández, y el Secretario General de ATUC, Jesús Herrero. 

El Secretario General de la FEMP ha destacado que el artículo 25 de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local confiere a los Ayuntamientos la competencia sobre transporte colectivo urbano y que el  concepto de coste efectivo, tras las modificaciones introducidas en el texto de la Ley a instancias de la FEMP, resulta “asimilable” para las Entidades Locales y posibilitará, entre otras cosas, que los ciudadanos sepan lo que cuestan los servicios y en concreto que sepan que parte del coste del transporte se paga con el precio del billete.

A su juicio, el transporte colectivo es una de las asignaturas pendientes que tiene el municipalismo y por ello animó a seguir trabajando, desde los Ayuntamientos y desde la FEMP para que surjan  propuestas de mejora de este servicio, más allá de pedir cada año mayores subvenciones por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, que sirvan para avanzar hacia un modelo de transporte público más sostenible.

El representantes de ATUC comentó que España se producen al año unos dos mil quinientos millones de desplazamientos por medio del transporte urbano, lo que supone  que aproximadamente unos cuatro millones de personas al día utilizan el metro, el autobús o el tranvía, entre otros medios.

Herrero señaló, en relación con los cambios legislativos, que todo lo que beneficie a los Ayuntamientos beneficia al transporte público y abogó por que este sector siga fortaleciéndose y ganando terreno al coche, con la ayuda de la gestión municipal.

En este sentido, consideró que el transporte colectivo urbano es un servicio tan básico en las ciudades como puede ser la seguridad,  y que por ello hace falta una ley que ordene este sector y que facilite los medios adecuados para que puedan realizarse de forma planificada las inversiones que requiere para su mejora y mantenimiento.