FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Las cuestiones relativas a los pequeños municipios son, junto con el debate competencial, los principales capítulos sobre los que giran las alegaciones presentadas por la Federación al texto informado del Gobierno sobre la futura normativa de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Así lo ha explicado el Presidente de la Federación, Íñigo de la Serna, a los miembros de la Comisión Desarrollo Rural y Pesca, durante la reunión mantenida esta mañana en la sede de la FEMP, a estos efectos.

La citada Comisión está presidida por el Alcalde de La Bañeza (León), José Miguel Palazuelo. Y tiene como Vicepresidente al Alcalde Peñamellera Baja (Asturias), José Manuel Fernández Díaz.

El Presidente de la FEMP ha dicho que, aunque el último texto presentado por el Gobierno ofrece modificaciones sustanciales respecto al conocido en julio pasado, también incorpora otras cuestiones nuevas que preocupan a los Gobiernos Locales y que, por tanto, han sido objeto de enmienda.

Una de esas cuestiones novedosas es la que hace referencia a la posibilidad de intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes en determinadas situaciones. El Presidente ha informado que, desde la FEMP, se ha pedido la supresión de esta propuesta porque los municipios ya cuentan con suficientes mecanismos de control, y ha añadido que, sin duda, el Gobierno “quiere Ayuntamientos solventes, no Ayuntamientos intervenidos”.

Íñigo de la Serna también se ha referido a otras materias específicas que afectan a los pequeños municipios y que han sido enmendadas. Una de ellas, la evaluación de los servicios municipales y el coste estándar, está abordada en varias alegaciones. Por ejemplo, desde la FEMP se ha pedido que la fijación de esos costes se haga de manera informada en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y con el acuerdo de la FEMP.

Se ha reclamado igualmente que la no adecuación a ese coste no sea causa automática para que un Ayuntamiento deje de prestar servicios. Las alegaciones de la FEMP, explicó el Presidente, piden la habilitación de un período de tiempo que permita a los pequeños municipios adaptarse al citado coste; en caso de no ser posible, se trasladaría la prestación de los servicios a la Diputación o a otros organismos, pero siempre dejando claro que lo que se traslada es el servicio, nunca la competencia.

Sobre el coste estándar Íñigo de la Serna también señaló que sería preciso incorporar nuevos criterios a la hora de determinarlo porque, obviamente no es lo mismo “prestar un servicio en una ciudad grande que en un pequeño municipio”, donde entran en juego otros factores como la dispersión de población.

En cuanto a las retribuciones de los Alcaldes de municipios menores de 1.000 habitantes, suprimidas en el texto del Gobierno, la FEMP ha presentado una enmienda al considerar que no tiene sentido la eliminación de las mismas. También se ha referido a la posibilidad de incorporar cierto personal eventual en los Consistorios de más de 5.000 habitantes.

El Presidente se ha referido al papel que el texto informado por el Gobierno otorga a los interventores para decir que, desde la FEMP se ha enmendado este punto, ya que se considera que excede las responsabilidades de los habilitados y entra en terreno que es competencia de la Corporación. Se ha referido igualmente a las Entidades Locales Menores (EATIM) y a las Mancomunidades. Todas ellas habrán de presentar sus cuentas y las mancomunidades, además, tendrán que aplicar criterios de eficiencia. En cualquier caso, “ya no se contempla su desaparición automática”.

Íñigo de la Serna ha trasladado a los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca su confianza ante la corrección de estas cuestiones, y ha mostrado su satisfacción por la desaparición del debate reformista de otras materias como la limitación del número de Concejales, por ejemplo.

Los siguientes pasos a dar serán en la próxima Comisión Nacional de Administración Local, donde se verá qué alegaciones se han incorporado, y cómo queda el texto. El nuevo redactado pasará a Consejo de Ministros y después iniciará su tramitación parlamentaria, “donde también sería posible incorporar enmiendas, si fuese preciso”